INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GANADOR DEL PREMIO EDELSTAM 2016: JUAN GUZMÁN TAPIA
Juan Guzmán Tapia nació en el seno de una familia de diplomáticos chilenos en San Salvador, El Salvador, el 22 de abril de 1939. Guzmán fue juez y magistrado, y actualmente se desempeña como abogado ejerciente. Obtuvo su título de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
El 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet tomó el poder con la ayuda del ejército de Chile. Al presidente democráticamente elegido, Salvador Allende le fue prometido un salvoconducto para abandonar el palacio presidencial, pero se negó a abandonarlo.En vez de eso, instó al pueblo de Chile a través de la radio a defender el gobierno democrático dando a conocer su decisión de permanecer en La Moneda defendiéndolo con su vida.
La Fuerza Aérea bombardeó la casa de gobierno, y el presidente Allende fue encontrado muerto. Todavía hoy se debate si su muerte fue un suicidio o si el Ejército le quitó la vida. El ejército tomó el poder en el país después del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y el que había sido comandante en jefe, el general Augusto Pinochet, asumió el papel de jefe del Estado de Chile. La asunción del poder por parte del dictador se formalizó el 17 de junio de 1974 a través del «Decreto-Ley 527», mediante el cual Pinochet fue nombrado máximo jefe ejecutivo de la nación, convirtiéndose así en el Presidente de la República de Chile.
Su primera obra sería, nuevamente a través de un decreto, instaurar una ley marcial que duraría hasta el 2 de enero de 1987. Incluso antes del golpe, quienes lo perpetraron habían preparado lugares que funcionarían como campos de concentración y centros de tortura. Trajeron interrogadores y expertos en tortura de otros países de América Latina. La CIA brindó asesoramiento y apoyo, lo que dio como resultado la «Operación Cóndor», una campaña de represión política y terror estatal que involucró operaciones de inteligencia y asesinato de opositores. La tortura brutal fue institucionalizada como un método para que los militares recuperaran información y abatir a «marxistas» y «terroristas». Estos expertos ayudaron a interrogar a sus compatriotas encarcelados en el Estadio Nacional.
La desaparición de personas fue utilizada sistemáticamente. En respuesta, varias organizaciones dentro de las Iglesias se fusionaron, familiares y abogados de derechos humanos se reunieron, y trabajaron voluntariamente para recoger testimonios de víctimas y familiares de desaparecidos. Una organización, la «Vicaria de la Solidaridad», trabajó para reunir información y pruebas acerca del paradero de las personas desaparecidas. Los tribunales de Chile recibieron cientos de expedientes y solicitudes de investigación, llamadas habeas corpus, de familiares y organizaciones que trabajaron incansablemente con el objetivo de hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los crímenes contra los derechos humanos. Pero todas las denuncias fueron rechazadas durante la dictadura y ninguna medida fue tomada.
Un día, en 1998, cuando los militares habían dejado el poder y un gobierno elegido democráticamente estaba instaurado, el juez Guzmán en la Corte de Apelaciones de Chile recibió una denuncia contra el dictador Pinochet por su responsabilidad en crímenes de genocidio, tortura, secuestro y asesinato.
El juez Guzmán había sido criado en una familia tradicional y conservadora, integrada por militares que había celebrado el golpe con champagne el día en que Pinochet se apoderó del poder. Guzmán y su esposa habían experimentado dificultades para obtener medicamentos y otros artículos que necesitaban para sus bebés durante los años de Allende, y cuando Pinochet asumió el poder, lo apoyaron esperando que la economía y sus vidas mejorarían. Sólo más tarde, el juez Guzmán comprendió la depravación de las fuerzas de seguridad de Pinochet. Cuando el juez fue nombrado por primera vez para investigar los casos contra Pinochet en 1998, desconocía la represión, y los detalles más oscuros de lo que habían hecho las fuerzas de seguridad de Pinochet. Hasta ese momento, Guzmán pensaba que el Ejército era honesto, incapaz de cometer crímenes tales como los comprendidos en las acusaciones que ahora enfrentaba. Cuando le denunciaron que los militares habían matado a personas sin previo juicio, pensó que aquellos relatos eran propaganda comunista, o incidentes aislados. Sin embargo, el Juez Guzmán consideró que su deber era investigar en todo caso esas acusaciones, y más tarde expresaría que aquello: «… abrió los ojos de su alma …» La vida del juez Guzmán cambió para siempre; perdió a sus amistades, dejó de ir a la iglesia cuando sintió que era abandonado en el ostracismo, perdió su religión, él y su familia tuvieron que enfrentar un gran peligro, y desde entonces, durante toda la investigación, tuvo que ser acompañado por guardaespaldas.
Cuanto más investigó, más creció el número de casos. Guzmán se dio cuenta de que tenía que acotarlos y decidió concentrarse en los crímenes que se cometieron entre septiembre y octubre de 1973, es decir, el mes siguiente al golpe por la llamada «Caravana de la Muerte», un escuadrón de la muerte del Ejército chileno.
Dentro de sus funciones en la Corte de Apelaciones de Santiago como ministro de fuero, Juan Guzmán acusó a numerosos agentes estatales, principalmente de las Fuerzas Armadas chilenas, de cometer crímenes contra los derechos humanos conforme al Derecho Internacional. En el contexto de varios hechos criminales contra los derechos humanos, también procesó al ex dictador general Augusto Pinochet de tres diferentes casos criminales.
En enero de 1998, se presentó una denuncia contra el ex dictador Pinochet, por los crímenes de genocidio, tortura, asesinato y secuestro cometidos en 1976. Esta denuncia fue recibida por el juez Juan Guzmán y trataba de la desaparición de un grupo de miembros del Partido Comunista que habían tenido una reunión secreta en Santiago. Este delito de secuestro fue atribuido directamente a miembros de la policía militar secreta (DINA). El caso fue llamado «Calle Conferencia», ya que éste era el lugar donde se celebraría la reunión secreta. El jefe de hecho de la DINA en aquella época era el general Augusto Pinochet. El principal objetivo de la policía secreta era destruir la estructura de los partidos marxistas, principalmente el Partido Comunista, y exterminar a sus miembros.
En Chile, antes de esa audiencia llevada a cabo el juez Guzmán en 1998, no se había tramitado ninguna denuncia criminal para investigar la responsabilidad de Pinochet en los crímenes perpetrados por la dictadura. El juez Guzmán aceptó la tarea de investigar estos crímenes pese a las amenazas de muerte y de la todavía fuerte y dominante presencia política del legado de Pinochet. Con gran tenacidad, Guzmán comenzó a citar a testigos emblemáticos y a miembros de la DINA. Los abogados defensores invocaron la prescripción, pero el juez Guzmán, con un brillante y audaz dominio jurídico, sostuvo que la prescripción no se aplicaba a los crímenes de lesa humanidad, ni a los casos en que las víctimas habían desaparecido y su paradero era desconpcido, y rechazó dichas objeciones para luego continuar con sus investigaciones. Una vez que el juez Guzmán estableció que existía suficiente evidencia para exigir el levantamiento del fuero de Pinochet, basándose en su responsabilidad en estos crímenes, presentó esta petición a la Corte de Apelaciones de Santiago, que la rechazó sumariamente.
A pesar de este revés y de la continua presión política para detener sus investigaciones, el juez Guzmán siguió investigando el caso, entre muchos otros (doscientos cincuenta casos),
visitando varios sitios donde los «enemigos» de la dictadura habían sido enterrados secretamente. Ordenó excavar centenares de tumbas para exhumar los restos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y desapariciones. Una de las consecuencias más terribles de las desapariciones forzadas sigue siendo la la imposibilidad de las familias de darse por enteradas de la muerte de los seres queridos y de dar a sus restos un adecuado entierro religioso o sagrado. La negación de este derecho a los difuntos y a sus familias convierte a este crimen en una perpetua tortura para estos últimos. Por lo tanto, los esfuerzos del juez Guzmán para llevar a cabo esta tarea de las exhumar las tumbas de las víctimas fueron fundamentales para honrar el valor esencial de la dignidad humana. Estas investigaciones no sólo fortalecieron el caso contra Pinochet y la DINA, sino que también lograron devolver los restos de muchas víctimas desaparecidas a sus familias, permitiendo finalmente que los deudos pudieran poner fin a su terrible estado de dolor y angustia.
Después de exhumar muchos cuerpos e investigar numerosas tumbas desde el norte al sur de Chile, en el interior y en el mar, acusar a varios generales del Ejército y otros oficiales, el juez Guzmán presentó otras dos peticiones a la Corte de Apelaciones de Santiago para desaforar a Pinochet. Una vez que obtuvo con éxito el desafuero del ex dictador en los casos de «Caravana de la Muerte» y «Operación Cóndor», el juez Guzmán pudo finalmente procesar al general Pinochet en ambos casos, acusándole como autor de los crímenes de secuestro permanente y asesinato de casi un centenar de víctimas.
La dictadura militar de Pinochet estuvo en el poder durante casi diecisiete años y durante este tiempo más de 3.000 personas fueron asesinadas, más de 1.200 desaparecieron, y casi 40.000 fueron torturadas. Cientos de miles perdieron sus empleos y fueron exiliados. Toda clase de derechos humanos civiles, políticos, económicos y sociales fueron cruelmente violados. Las desapariciones forzadas que la dictadura ejecutó fueron crímenes brutales que no dejaron rastro de los asesinatos, creando una forma permanente y duradera de terrorismo de Estado.
El juez Guzmán fue uno de los primeros jueces en considerar que la amnistía de 1978 no era aplicable a los delitos de secuestro permanente. Argumentó que era imposible cubrir esos crímenes con una ley de amnistía promulgada por Pinochet en 1978 (que cubría los crímenes cometidos entre 1973 y 1978), porque esos crímenes no eran crímenes instantáneos, sino permanentes. Finalmente, el juez Guzmán estableció que ni la prescripción ni las amnistías podían aplicarse a los crímenes que investigó debido a que eran crímenes de lesa humanidad. El juez Guzmán demostró una capacidad excepcional para analizar y manejar una situación legal de gran complejidad e innovó en la interpretación frente a los obstáculos legales que opusieron los acusados, por ejemplo, en la aplicación del principio non bis in ídem, la prescripción y la amnistía de 1978. Sus importantes avances en la aplicación de esos conceptos legales han sentado un precedente que ha sido utilizado por muchos fiscales y jueces progresistas, tanto en Chile como en el resto del mundo.
El 10 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue procesado en España por el fiscal Carlos Castresana y el magistrado Baltasar Garzón, por violaciones a los derechos humanos cometidos en su Chile natal. Fue arrestado en Londres seis días después y recluido por un año y medio hasta ser liberado por el gobierno británico en marzo de 2.000. Pinochet fue autorizado a regresar libremente a Chile, donde a su llegada fue acusado por el juez Juan Guzmán de la comisión de varios crímenes, antes de morir el 10 de diciembre de 2006, sin haber sido condenado en ninguno de los casos. Su arresto en Londres llegó a la primera página de los periódicos de todo el mundo, ya que no sólo involucró al jefe de la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, sino que fue la primera vez que varios jueces europeos aplicaron el principio de jurisdicción universal, declarándose competentes para juzgar los crímenes cometidos por ex jefes de Estado, a pesar de las leyes de amnistía locales.
Motivación
La motivación del jurado del Premio Edelstam para otorgar el Premio Edelstam al juez Juan Guzmán Tapia de Santiago es la siguiente:
El juez Juan Guzmán fue el primer juez asignado en Chile para resolver las acusaciones criminales formuladas en contra del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte. Al principio parecía improbable que un juez conservador tramitara el caso con seriedad, pero estos temores poco a poco mostraron ser infundados. Cada vez más conmovido por las entrevistas con las víctimas y la abrumadora evidencia en contra del general Pinochet que él descubrió, el juez atravesó un proceso personal de comprensión, hasta que finalmente convenció a la Corte Suprema de desaforar a Pinochet. Luego, Guzmán procesó al ex-dictador por los cargos de secuestro y asesinato y llevó a cabo investigaciones a lo largo del país para encontrar los restos de cerca de 1.200 prisioneros políticos que aún se encontraban desaparecidos. Además, estableció que el secuestro de personas que luego desaparecían era un crimen permanente que podía ser perseguido, a pesar de amnistías y plazos de prescripción, hasta que se determinase el paradero del desaparecido. Guzmán acusó a un número considerable de miembros de las Fuerzas Armadas. Demostró gran coraje civil llevando a cabo sus investigaciones. A pesar de amenazas a su persona, el juez Guzmán abrió un camino importante para la justicia en Chile que muchos jueces siguen hasta el día de hoy. La Fundación Edelstam reconoce la necesidad de legislación internacional que promueva la obligación de rendir cuentas por abusos en contra de los derechos humanos, la responsabilidad de los estados en que dichas violaciones ocurren y así mismo, de la comunidad internacional, para establecer la justicia, garantizar la protección de las víctimas y evitar la impunidad. La historia no debe repetirse.
